ALERTA QUILMES

 AySA inició una serie de acciones judiciales en el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 1 de Quilmes con el fin de frenar una multa municipal de $445.248.000, impuesta por el Tribunal de Faltas N.º 4 tras un expediente impulsado por la Dirección General de Defensa del Consumidor. El Municipio sostiene que la empresa incumplió la Ley de Defensa del Consumidor al modificar su esquema de atención y cerrar la atención presencial en el distrito.

La compañía argumenta que la resolución municipal es inválida porque —según su postura— el Municipio no tiene competencia para sancionar ni supervisar la prestación del servicio. Afirma que el único organismo habilitado para intervenir es el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), tal como establece la Ley 26.221 y el contrato de concesión vigente.

Para poder apelar la sanción y habilitar la instancia judicial, AySA presentó una póliza de caución que reemplaza el pago previo de la multa, lo que le permite evitar el desembolso inmediato de casi $450 millones mientras la Justicia evalúa el caso.

Cómo se originó el conflicto

El expediente se inició a partir de denuncias de usuarios por la ausencia de atención presencial en Quilmes, situación que —según Defensa del Consumidor— habría generado un aumento de reclamos desde julio de 2024.
En diciembre de ese año, AySA presentó un descargo solicitando la nulidad del procedimiento y explicó que la reestructuración del sistema de atención forma parte de un plan de modernización que prioriza los canales digitales.

Pese a ello, el organismo municipal avanzó con una imputación por presuntas infracciones a los artículos 4, 8 bis y 27 de la Ley 24.240. Tras una audiencia sin acuerdo, el Tribunal de Faltas ordenó restituir la atención presencial en un plazo de 30 días e impuso una multa equivalente a 1.500 salarios mínimos vitales y móviles.

En su apelación, AySA insistió en que la fiscalización del servicio corresponde únicamente al ERAS, que regula el agua y el saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano, entre ellos Quilmes. Por eso, la empresa sostiene que tanto la actuación de Defensa del Consumidor como la sentencia del Tribunal de Faltas son actos administrativos sin validez.

Datos sobre la atención en Quilmes

La oficina comercial de AySA fue reubicada en junio de 2024 y, desde entonces, la mayor parte de las gestiones migró a los canales digitales.
Según la empresa:

• La Oficina Virtual concentró el 96% de las consultas comerciales.

• Las atenciones presenciales representaron solo el 1% entre octubre y diciembre.

• En el distrito se administran 161.713 cuentas contrato.

• En cinco meses, la unidad móvil UNIMOV atendió a 591 usuarios, principalmente por consultas de deuda.

Ahora será el Poder Judicial quien determine si la Municipalidad actuó dentro de sus atribuciones o si, como sostiene AySA, la sanción carece de sustento legal.